Según “El País” a día 26 de enero de 2010, el gobierno planea reducir el gasto público 50000 millones de euros (mucho más de lo que pensaban) para disminuir el déficit. Según ha informado el gobierno, las inversiones también se verán reducidas. Quieren hacer frente lo antes posible para amortiguar el impacto de la publicación de las cifras del déficit, posiblemente las más altas registradas nunca.
Dentro de un plan de política fiscal se atiende tanto al gasto público como a los impuestos. La subida de impuestos, aunque ayude, no reducirá el déficit lo suficiente. Por eso es necesario meter mano en el gasto público. El gasto público puede ser social (que son pagos de transferencia del gobiernos que aumentan el ingreso de determinados grupos, como pueden ser los desempleados, los jubilados...) o gasto corriente, que son las compras del gobierno, que comprenden gastos en bienes y servicios (ya sean tanques, carreteras, salarios de jueces...).
Dentro de este recorte anunciado por el gobierno, parece que el del gasto corriente va a ser radical y que también las inversiones se verán afectadas. Está claro que en una situación de crisis y con cifras de déficit tan altas, hay que tomar medidas, pero habrá que tener muy claro de dónde se van a recortar exactamente esos gastos, porque sin inversiones, se frena la economía, y hay cosas que son necesarias (y no son exáctamente los salarios de los jueces...)
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